En la previa del primer Encuentro Federal por el Trabajo a celebrarse el próximo 6 de mayo, seis provincias alineadas en la coalición de Unión por la Patria, dieron a conocer un comunicado en el que expresaron su rechazo de manera «enfática», a los puntos contenidos en el DNU 70/2023 y en la denominada Ley de Bases en materia laboral, por entender que estos “colisionan con los derechos” consagrados en la Constitución Nacional.
El extenso texto, lleva las firmas de los ministros de Trabajo Walter Correa (Buenos Aires) y Sonia Castiglione (Tierra del Fuego), de los secretarios y secretarias de Trabajo, Marcelo Pedehontaá (La Pampa), Julia Comán (Santiago del Estero) y Myriam Espinosa (La Rioja) y del subsecretario de Trabajo Julio Ricardo Valdez (Formosa).
Los funcionarios provinciales se comprometieron a trabajar de manera coordinada a los fines de “evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”.
En el documento que se conoció este lunes, se pasa revista a una serie de derechos que se intentan vulnerar con la norma, al tiempo que ponen en evidencia el impacto negativo que han tenido para los trabajadores, cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia laboral.
También se considera que “el contenido del DNU 70/2023 en su Título IV, denominado ‘Trabajo’, así como en el proyecto original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en su Capítulo IV ‘Empleo Público’, colisionan definitivamente con los derechos constitucionales y con los principios que ilustran el Derecho del Trabajo y del Empleo Público, pues implican una regresión inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico e institucional, marcado a fuego por el Principio de Progresividad”.
“Advertimos, a más de 4 meses de asumido el nuevo Gobierno Nacional, que las condiciones materiales de vida de los sectores merecedores constitucionalmente de tutela diferenciada, se han visto ostensiblemente deterioradas”, indicaron.
Estimaron además, que “no se trata solamente de la situación inflacionaria, sino de la ausencia de todo tipo de mecanismo de control respecto de precios en bienes esenciales, tarifas en servicios, alquileres, provisión de medicamentos”, en tanto que el “el espíritu desregulador ha avanzado en todas las áreas de la actividad económica, pero pone un único techo, y paradójicamente, es a la recomposición salarial, a la negociación colectiva, a las paritarias”.
Luego y tras detallar el impacto que tienen las políticas aplicadas por el Gobierno del Presidente Javier Milei en cada uno de los territorios, los funcionarios evaluaron como necesario el comenzar “a accionar en conjunto en el marco de las leyes fundacionales que han regido los destinos de la Patria desde su organización” y que “se ven violadas por las referidas decisiones del poder ejecutivo nacional, tal como lo viene declarando la Justicia, no sólo en el capítulo laboral que nos compete”.
“En este estado de situación, las carteras laborales provinciales firmantes nos comprometemos” a trabajar coordinadamente “a fin de evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”.
Spanish