Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló que, a lo largo del país, municipios de distintas provincias extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación económica, mientras que en paralelo ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados públicos, quienes en muchos casos utilizaron esos depósitos para comprar dólar MEP.
El presunto esquema de corrupción, detectado gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos y entidades financieras, expone una posible malversación de fondos municipales por al menos $45.000 millones en los últimos dos años y medio.
Se corroboró con fuentes de entidades bancarias que entre junio y julio de 2024 bancos de primera línea y entidades financieras fueron impuestas de la novedad: se les advertía sobre estas maniobras sospechosas que se realizaban por ventanilla de las entidades, sobre todo en distritos de Tucumán, Salta y Catamarca. La investigación preliminar revelaba que, por un lado, salían los de esos municipios “importantes sumas de dinero” aparentemente sin justificar y, por el otro, esos mismos millones de pesos eran depositadas a las cuentas privadas de los empleados municipales -no tenían esa capacidad de ahorro- quienes, en muchos casos, terminaban comprando dólar MEP.
Movimientos millonarios sin justificación
El documento de la UIF que ya circula en despachos de la Casa Rosada destaca las siguientes maniobras:
- Extracciones en efectivo por importes muy significativos desde cuentas municipales.
- Depósitos en cuentas personales de empleados públicos de las mismas localidades. Esas personas no tenían capacidad de ahorro ni justificar el origen del dinero.
- Compra de dólar MEP con esos fondos y posterior retiro en efectivo.
Además, el informe indica que la frecuencia de estas extracciones se incrementó en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales de 2023, lo que refuerza la hipótesis de un presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
Luego de ser alertada por las autoridades del Banco Macro y otros bancos provinciales, la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un desfalco multimillonario por al menos 45.000 millones de pesos y que involucra a los gobiernos de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saenz (Salta). Un nuevo fraude sacude el escenario político y golpea de lleno sobre los gobernadores peronistas más cercanos a Javier Milei.
De acuerdo a la denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y en base a la información recabada por la UIF, entre enero de 2023 y junio de 2024 se habrían producido centenares de retiros de dinero a través de «cheques cobrados por ventanilla», sin justificación, de las arcas provinciales y municipales. Si bien la operatoria se registra en bancos de todo el país, la mayor parte estaría concentrada en las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca.
El monto estimado asciende a los 45.000 millones de pesos pero la cifra podría seguir creciendo. De ese total, el 40% del total de esas extracciones (17.000 millones de pesos) se produjeron en la Banda del Río Salí, municipio del este tucumano y cuyo intentente, el jóven Gonzalo Monteros, recibió el cargo de manos de su padre, Darío Monteros, actual ministro del Interior de Osvaldo Jaldo. De acuerdo a la denuncia de Procelac, Tucumán encabeza el ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS).
“El análisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de sus respectivas municipalidades”, señala el informe elaborado por la UIF.
La hipótesis apunta a que esos fondos fueron utilizados para el financiamiento de la última campaña electoral. No es una novedad que las cajas de las intendencias se utilizan para el sostener el monstruoso aparato clientelar que se pone en movimiento en cada elección.
La UIF identificó que este esquema se repitió en varios municipios de Tucumán, Salta y Catamarca, los cuales encabezan el ranking de registros de operaciones sospechosas (ROS).
La denuncia y la posible vinculación con el financiamiento electoral
Ante la magnitud del desfalco, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que segmentó la información por distritos y descentralizó la investigación en cada jurisdicción implicada.
La UIF sostiene que el volumen de retiros aumentó exponencialmente antes de las elecciones de 2023 y cayó en 2024, lo que refuerza la hipótesis de que estos fondos fueron utilizados para financiar la última campaña electoral.
Funcionarios de la UIF, a cargo del fiscal Paul Starc, aseguraron que “como corresponde giramos el informe a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, -a cargo de Diego Velasco- y ya se había alertado a los bancos y entidades financieras, lo que derivará en procesos judiciales contra los funcionarios involucrados”.
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