Javier Milei divulgó este lunes el DNU del acuerdo con el FMI que utilizará para evitar cumplir con la ley que obliga a pasar por el Congreso toda negociación que implique aumentar la deuda externa. El Gobierno apeló a este atajo de dudosa legalidad, acuciada por la escasez de reservas y las tensiones cambiarias.
El decreto consiste solamente en cuatro artículos y adjudica al Ministerio de Economía la potestad para aplicar los instrumentos necesarios para cumplir con los requisitos del Fondo. Básicamente que haga lo que quiera, con el artilugio adelantado por el propio Milei en una columna en La Nación, que no se trata de deuda nueva. Un disparate que no resiste el mínimo análisis, dijo el economista Jorge Carrera.
Este lunes los diputados peronistas Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Brenda Vargas Matyi presentaron una denuncia penal contra Milei «por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público», y reclamaron que se suspendan los actos que consumarían el presunto delito. Patrocinados por el abogado Eduardo Barcesat, acudieron al Fuero Federal en lo Criminal y Correccional y la denuncia recayó en el juzgado del juez Sebastián Ramos y la fiscalía de Carlos Rívolo.
El primer artículo del DNU plantea que el préstamo se utilizará para cancelar las letras intransferibles en dólares que se encuentren en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público atinentes al programa de Facilidades Extendidas con el Fondo.
Ya en ese punto, el decreto es objetado por los que observan el artículo 2 de la Ley Guzmán, que dejó sentado que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier operación de ampliación de los montos de ese programa, requerirá de una ley del Congreso».
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