«No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro», dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.
La reforma estipula que «la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado», que será patrimonio de la nación y «se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México» por lo que «no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia».
Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.
«La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas», dice Olivera.
El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, «incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas».
«El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos», explica.
Spanish