La relación entre el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su par estadounidense, Joe Biden, alcanzó uno de sus puntos de mayor tensión a partir de dos filtraciones de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a medios de comunicación.
Las filtraciones son investigaciones en las cuales, con base en testimonios, se apunta que gente que trabajó en las campañas electorales del político tabasqueño recibió aportaciones de integrantes del Cártel de Sinaloa en 2006 y 2018.
Desde el Palacio Nacional se acusa que las filtraciones de estas investigaciones que, hay que destacar, no procedieron en EE.UU., son parte de una «guerra sucia» que tiene el objetivo de socavar la autoridad política del presidente.
El Gobierno de Biden, por su parte, se mantiene en la ambigüedad, porque mientras sentencia que «no tiene nada que ver» con las filtraciones de la DEA, tampoco sanciona las acciones de la polémica agencia.
Alertas desde el oficialismo
El pasado 22 de febrero, el mandatario mexicano sentenció que las filtraciones de la agencia estadounidense formaban parte de lo que calificó como un «golpe blando» en contra de su Administración: una estrategia que se despliega ya no a través de la fuerza ni utilizando a militares, sino por medios más sutiles.
En esa línea, explicó el mecanismo: «Van creando condiciones de rechazo de la población hacia el Gobierno que no les conviene. Y luego, ya sea utilizando al Poder Judicial o al Poder Legislativo, o utilizando incluso a poderes extranjeros, destituyen a la autoridad de un país».
López Obrador señaló que se ha articulado una especie de «internacional del conservadurismo», cuyo objetivo es detener el proceso de cambio encabezado por su Gobierno.
Fue la primera vez que López Obrador utilizó el concepto de golpe blando, si bien integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya habían venido alertando de una estrategia dirigida a desgastar a la denominada ‘Cuarta Transformación’.
Rafael Barajas Durán, presidente del Instituto Nacional de Formación Política del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió, desde que López Obrador comenzó su mandato, los peligros derivados de las campañas mediáticas en su contra.
De tener éxito el golpe blando, según Barajas Durán, López Obrador podría correr la misma suerte que la expresidenta Dilma Rousseff (Brasil), cuya Administración sufrió un desgaste tal –a partir de una guerra sucia en medios de comunicación– que culminó en su destitución desde el Congreso.
A diferencia de otros líderes latinoamericanos, sin el embargo, y con todo y campañas mediáticas en contra, López Obrador ha conseguido mantenerse a flote con un alto nivel de popularidad.
A finales de febrero de este año, la empresa Morning Consult lo colocó como el segundo líder mundial con mayor nivel de aprobación con un 65 %, solo por debajo del primer ministro de la India, Narendra Modi, que registra un 78 %.
En el plano nacional, la popularidad de López Obrador tampoco se ha visto socavada. Recientemente, el diario El Financiero dio a conocer una encuesta en donde su nivel de aprobación incluso aumentó dos puntos porcentuales con respecto al mes anterior.
Un ajuste de cuentas
La relación entre el Gobierno de López Obrador y la agencia federal estadounidense se tensó a partir del caso de Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la Administración de Enrique Peña Nieto.
Fue a mediados de octubre de 2020 cuando Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de proteger a cambio de sobornos al cártel del H-2, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.
Tan pronto se supo de la detención, la DEA dio a conocer que se encontraba a cargo de una investigación que involucraba al oficial mexicano por sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
El Gobierno mexicano, por su parte, manifestó que no había sido informado sobre el asunto, a pesar de que existían esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad con su vecino del Norte.
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