La Unión de Promociones, un grupo de militares que se opone a los avances de los juicios de lesa humanidad, le hizo llegar al presidente electo, Javier Milei, un pedido para que les brinde una “solución definitiva” a sus camaradas a quienes consideran “injustamente detenidos”. La solicitud se canalizó a través de Facundo Correa Llano, que, en los próximos días, se integrará al Congreso como diputado nacional por la provincia de Mendoza.
Hay un sector que tiene una especial expectativa en el gobierno de Milei y Victoria Villarruel: el de aquellos que están siendo investigados o que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. En las últimas elecciones se registró un fenómeno masivo que nunca antes se había visto: pedidos por decenas de represores en prisión domiciliaria para salir a votar.
La Delegación Mendoza de la Unión de Promociones no quiso perder tiempo. Según se informó a través de un comunicado, sus referentes invitaron el jueves pasado a Correa Llano a una reunión en la casa del teniente coronel Lucio Mario Candia, presidente del capítulo mendocino de la entidad. El objetivo del encuentro fue hacerle entrega de un documento sobre las condiciones de detención de acusados por crímenes de lesa humanidad.
Correa Llano es un contador y empresario inmobiliario que se volcó a la política libertaria. Proviene del Partido Demócrata (PD). En el pasado, esa agrupación apoyó la dictadura. En 2006, Omar de Marchi —entonces presidente del PD— hizo una autocrítica porque la fuerza colaboró con el régimen militar. Medios locales describen a Correa Llano como “los ojos de Milei en Mendoza”. Es uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA) que se puso al hombro la fiscalización para las elecciones. Es posible que ante esa proximidad, los integrantes de la Unión de Promociones (UP) hayan considerado que Correa Llano era una opción válida para llegar al presidente electo. En los últimos días trascendió que Milei estaría distanciado de Villarruel, posiblemente su interlocutora natural con la familia militar.
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