Se trata de Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y a su hijo, Facundo Albini, edil de La Plata y apoderado a nivel nacional del Frente Renovador.
El juez en lo penal de La Plata Guillermo Atencio rechazó la eximición de prisión para los 48 empleados de la Legislatura Bonaerense cuyas tarjetas bancarias estaban en poder del puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau, para que realice extracciones de un cajero automático, a la vez que la fiscal Betina Lacki imputó por asociación ilícita a Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y Facundo Albini, su hijo, concejal de La Plata y apoderado a nivel nacional del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa.
De acuerdo con lo publicado por el periodista Hernán Capiello en el diario La Nación, “cuando ambos vieron el riesgo de quedar presos con esa calificación legal, pidieron ser eximidos de prisión, para garantizarse continuar en libertad durante el proceso”. Fue el magistrado Federico Atencio el que rechazó las eximiciones.
Para Lacki, Albini es responsable de comandar una asociación ilícita y de haber defraudado a la administración publica de forma reiterada mientras que a su hijo, además de los delitos de asociación ilícita, se le imputa fraude en perjuicio de la administración publica.
En cuanto a los 48 empleados de la Legislatura Bonaerense, por ahora, son testigos citados por la Fiscalía en la causa que investiga una secuencia de estafas de Rigau, quien el 9 de septiembre fue detenido por la Policía en un cajero automático, luego de que los efectivos fueron alertados por una persona en situación de calle a la que le llamó la atención que el hombre estuvo durante varios minutos en el interior de la zona de cajeros del Banco Provincia.
Los dueños de las tarjetas bancarias, hasta ahora, fueron citados a declarar como testigos por la fiscal Betina Lacki. Todos, de una forma u otra, omitieron brindar información para determinar el verdadero origen del dinero y algunos dijeron que “en confianza” le dieron su tarjeta a Rigau para que él les haga retiros de dinero.
En su resolución con la cual rechazó las eximiciones de prisión, el juez Atencio tuvo en cuenta que el delito investigado supera “ampliamente los ocho años de prisión” y, por eso, considera “la extensión del daño causado y las características”. Y remarcó: “De la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”.
Atencio valoró también “la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público – suma que hasta el momento asciende a los ochocientos millones de pesos; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por los imputados, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influenciar entre coimputados teniendo en cuenta el vínculo personal habido entre algunos de ellos y la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados”.
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