La respuesta, firmada por el ministro Agustín Rossi, le recordó a la Corte que los fondos de su presupuesto están «conformados por el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central más los recursos específicos propios del citado Poder».
«La buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente», advirtió Rossi.
«Es importante recordar que la Constitución Nacional manda a defender el valor de la moneda, lo cual implica no emitir para mayores gastos, sobre todo cuando hay fuentes financieras disponibles«, en una velada respuesta a Rosatti.
La nota indica de dónde debería la Corte sacar los fondos para financiar los aumentos: «el Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de 426.095 millones de pesos mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de 370.708 millones, dando como resultado un superávit de 55.387 millones».
La respuesta de la Jefatura de Gabinete autoriza a la Corte a disponer de sus propios fondos para hacer frente a los aumentos salariales requeridos.
«El Poder Ejecutivo ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio asignando crédito para Gastos en Personal por un total de 10.000 millones» de pesos, destacó finalmente Rossi.
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