En Uruguay, con 3,4 millones de habitantes, hay aproximadamente 157.000 niños, niñas y adolescentes viviendo debajo de la línea de pobreza. Entre ellos, 30.000 lo hacen en condiciones de “emergencia habitacional” como las del asentamiento Felipe Cardoso. En palabras de políticos y académicos, estos niños forman parte del “núcleo duro” de la pobreza que existe el país y que afecta a aproximadamente al 10% de la población. El Estado uruguayo, reconocido por su robustez, no ha conseguido abatirla.
“Lo que hace Uruguay con estos niños es criminal”, dijo la diputada Cristina Lustemberg (Frente Amplio-centroizquierda) en el Parlamento nacional, cuando presentó recientemente estas cifras. Lustemberg hizo hincapié en que la pobreza infantil está “sobrediagnosticada” en el país. Están los datos, el conocimiento técnico y el consenso político para superarla. “Necesitamos tener el coraje de hacer algo diferente”, enfatizó el pasado 12 de julio en un conversatorio sobre el tema organizado por la Fundación La Plaza.
“La pobreza en Uruguay tiene rostro de niño y también de mujer”, señaló en esa jornada Gustavo de Armas, asesor en planeamiento estratégico de Naciones Unidas en Uruguay. De Armas presentó un adelanto del informe Abatir la pobreza en Uruguay al 2030, según el cual los niños y adolescentes uruguayos representan el 44% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza en este país sudamericano. Otro 44% está conformado por los adultos que viven con esos niños, en su mayoría mujeres jefas de hogar que son quienes más tiempo dedican al trabajo no remunerado.
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