A pocos días de que el presidente Javier Milei le pidiera al Congreso el apoyo para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno comunicó la decisión de avanzar vía DNU para saltearse el tratamiento legislativo y ganar tiempo, ante la “inminencia” de cerrar un préstamo que promete ser la llave para salir del cepo.
Primero, el Presidente y su equipo económico reconocieron que jurídicamente era imposible sellar el acuerdo sin la aprobación del Congreso: “Son las reglas del juego”, cedió Milei en una entrevista con LN+ el domingo. Pero durante la semana en Casa Rosada admitieron que, en realidad, no pensaban mandar el acuerdo sino más bien pedirle una autorización al Congreso para negociar con el organismo. Finalmente, el Ejecutivo decidió no esperar y autorizarse a sí mismo. La medida se dio a conocer después de que el Fondo se desvinculara de la postura del Congreso.
“Se dictará y remitirá al Congreso un DNU para obtener su apoyo en el acuerdo con el FMI. Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, expresa el comunicado de la Oficina del Presidente.
Naturalmente, el DNU incluirá la derogación (al menos temporal) de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (27.612) sancionada en 2021 durante la gestión de Martín Guzmán frente a la cartera de Economía, en el gobierno de Alberto Fernández. “Todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”, establece su segundo artículo.
El único precedente, desde entonces, fue el acuerdo del 2022: primero hubo un pronunciamiento del staff, en el que se dio a conocer los detalles del programa; después el Congreso lo aprobó y, recién entonces, el Directorio del FMI validó el préstamo. El Gobierno, a priori, iba a diferenciarse de ese procedimiento, puesto que defendían que la “Ley Guzmán” no especificaba la necesidad de pormenorizar al Congreso sobre los términos del programa. La realidad es que no hay tal acuerdo para enviar aún, y en Balcarce 50 no querían esperar más que el “moño” del FMI -el cual estiman para abril-; el Congreso podía alejarle todavía más el horizonte.
Al no tener que pasar por el tratamiento de un proyecto de ley, el Gobierno se ahorra de tener que recolectar las firmas para dictaminar y, después, los 129 votos en la Cámara de Diputados para que le validen un proyecto que asomaba ser un escueto pedido para firmar un cheque en blanco. En el Senado debía reunir 37 voluntades que asoman imposibles: la Cámara alta está prácticamente bloqueada y no pueden ni llevar adelante una sesión preparatoria. La oposición, además, ya había adelantado que condicionaría la aprobación del acuerdo con el FMI con el resurgimiento del Presupuesto 2025. Sin tiempo para atender los pedidos, reclamos y modificaciones que pueden llegar a surgir, el Gobierno decidió dar vuelta la moneda.
Con un DNU, la oposición deberá ser la responsable de recolectar ese número en ambas cámaras para voltearlo. Es decir: el “apoyo” del Congreso se dará ante el silencio, no la positiva. Además de que el decreto tendrá fuerza de ley a penas sea publicado, gracias a una ley de Cristina Fernández de Kirchner es más difícil rechazar un Decreto de Necesidad y Urgencia: lo que habilita a que Milei pueda eludir la Ley Guzmán es la ley 26.122, sancionada en 2006, que establece esencialmente que se necesita el rechazo de ambas Cámaras para derogar un DNU.
La construcción de alianzas ya le dejó en claro al Gobierno que en el Senado, en donde ya rechazaron un DNU de Milei el año pasado -el 70/2023- no tienen posibilidad de avanzar fácilmente vía ley, pero sí tienen el número en Diputados para bloquear un intento de derogar un DNU. El único que se pudo voltear con ambas Cámaras en la historia fue el que le otorgó $100.000 millones a la SIDE para fondos reservados: la oposición necesitó del batacazo del PRO para lograrlo. A diferencia de un proyecto de ley, con que una sola Cámara no trate el DNU ya se mantiene vigente la normativa.
La Ley de CFK podría haberse derogado a fines del año pasado: la oposición impulsó un proyecto para que con el rechazo de una sola Cámara sea suficiente para derogar un DNU y además planteaban un plazo de caducidad de 90 días corridos para que el Poder Legislativo se expida, entre otros puntos clave que limitaban la facultad de legislar del Presidente. El Gobierno logró frenar la sesión para aprobar ese proyecto -que incluía la amenaza de rechazar otro DNU- con la promesa de tratar el Presupuesto 2025; nunca pasó.
Con la legislación actual, el Ejecutivo tendrá diez días hábiles para remitirle el DNU al Congreso y, desde entonces, correrá un plazo de ocho días para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, se expida. Se trata de una comisión que no se reúne nunca, excepto cuando la oposición hace un pedido para tratar un DNU de Milei. En esos casos, la estrategia de Pagotto ya es predecible: llama a la comisión, pero para tratar todos los DNU que nunca se debatieron -incluidos del gobierno de Mauricio Macri-.
El paso por la Bicameral es un trámite que la oposición hace para que, cuando tengan habilitado ir a sesión directo sin dictamen, el oficialismo no le discuta que requieren de dos tercios para emplazar la comisión. En la práctica, es más bien una pérdida de tiempo que, de todos modos, habilita que se pueda ir a sesión directo con mayoría simple. Si fuera un proyecto de ley, necesitarían dos tercios, sin excepción.
“Ante un nuevo atropello institucional, ahora con la aprobación de la toma de deuda FMI por DNU, qué oportuno recordar el intento que hicimos en 2024 por modificar el régimen de DNU. No es tarde, tenemos una oportunidad antes de lamentaros aún más», reflexionó, en este sentido, el diputado Esteban Paulón, de Encuentro Federal.
Dentro de las primeras reacciones opositoras también se sumó el diputado radical Fernando Carbajal, de Democracia Para Siempre: “De nuevo el Gobierno elige el camino de la imposición en vez del diálogo y el consenso, y no es esto lo que corresponde ni lo que le pidió el Fondo. Milei elige la patoteada en vez el camino de la institucionalidad. Esa es la primera lectura frente al dictado de un DNU, ya que lo que corresponde es someter a la autorización del Congreso por medio de una ley”.
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