En medio de la guerra del Gobierno contra los gremios aeronáuticos, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó este miércoles una denuncia penal contra Pablo Biró, Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Lo acusa de la presunta comisión de delitos de acción pública.
La presentación fue realizada por Fernando Soto, letrado del ministerio, y el Gobierno aseguró que »a raíz de las recientes declaraciones de Biró en medios de comunicación, en las cuales advirtió sobre su intención de perjudicar el transporte aéreo, señalando que ‘esto se va a poner mucho peor’«.
El Gobierno denunció a Pablo Biró por «extorsión y amenazas»
Asimismo, aseguraron que »dichas afirmaciones generan serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolíneas Argentinas y en la seguridad de los pasajeros», en el comunicado que lanzaron.
»El Ministerio de Seguridad considera que las manifestaciones de Biró podrían ir más allá del ejercicio legítimo del derecho a huelga, pudiendo configurarse como amenazas extorsivas según lo estipulado en el artículo 149 bis del Código Penal. Es fundamental que el derecho a huelga se ejerza de manera razonable y proporcional, especialmente en el contexto de servicios esenciales como el transporte aéreo, donde cualquier interrupción abrupta podría tener consecuencias significativas para la población y la seguridad pública», agregaron.
Por último, explicaron que buscan »preservar la estabilidad de un servicio crítico y proteger los derechos de los ciudadanos», y que las medidas que afecten a los servicios públicos esenciales »sin agotar vías de diálogo previas, podrían considerarse una «huelga salvaje», quedando fuera del amparo constitucional».
»Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes y la seguridad pública, instando a la Justicia a tomar las acciones correspondientes ante la gravedad de las amenazas vertidas por Pablo Biró’‘, cerraron.
»Como todos los derechos, el derecho de huelga no es ilimitado, ya que solamente debe ser ejercido como último recurso, como medida extrema, después de haber agotado otras vías y medidas previas», describe parte del documento presentado por el Gobierno.
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