La «industria del juicio» fue uno de los latiguillos de Javier Milei durante su campaña presidencial. Además, cuando presentó el polémico DNU 70/2023, afirmó que buscó eliminar las multas que elevan los montos de indemnizaciones, ya que ese dinero «no queda en poder de los trabajadores sino que va para los abogados». Paradójicamente, el estudio jurídico de un diputado de La Libertad Avanza y el director general de Administración del Senado se vio envuelto en una serie de litigios laborales que llamaron la atención esta semana.
Una investigación de La Nación publicada este martes dio cuenta de una serie de juicios laborales de caddies contra clubes de golf por relación de dependencia encubierta, luego de años de cargar bolsas de palos y acompañar a los deportistas a cambio de una propina.
Según el texto, ya hubo cientos de casos a favor de los caddies en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. «Las sentencias y los cálculos de actualización que se utilizan en el fuero determinan indemnizaciones millonarias –algunas alcanzan los $800 millones– que muchos clubes no pueden afrontar», explican.
Por su parte, desde los clubes «juran que muchos de los supuestos caddies que reclaman millones jamás pisaron las instalaciones» y denuncian la utilización de testigos falsos por parte de los demandantes. En el ámbito de las instituciones, muchas de ellas centenarias, se ha apodado a los abogados laboralistas que impulsan las causas «Caranchos de los Greens».
Es entonces cuando llama la atención la fuerte presencia del estudio Montenegro, Pávito & Asociados, que tuvo participación en alrededor de 90 juicios. Los socios son el diputado nacional de LLA, Guillermo Montenegro, uno de los asistentes a la visita a los represores en la cárcel y quien supo ser muy cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel; y Federico Pávito, director general de Administración del Senado desde diciembre de 2023.
Esta participación contrasta con la voluntad manifiesta de Milei de «atacar a la industria del juicio». «Cuando se elimine esa carga de litigiosidad habrá más empleo», había asegurado en ocasión de la firma del DNU 70/2023, cuyos artículos en materia de reforma laboral fueron rechazados por la Justicia.
De hecho, este martes hubo un almuerzo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con los miembros del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde dialogaron sobre la reglamentación de la reforma laboral contenida en la Ley Bases, que incluye la multiplicación de intereses de las indemnizaciones en los juicios laborales.
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