Bajo el título «No a la intervención de la UNMA«, Madres de Plaza de Mayo advirtió que el Gobierno nacional impuso un rector en la universidad que ofrece cinco carreras y cuya trayectoria se remonta al año 2000. Previamente, la asociación había denunciado al Ministerio de Capital Humano por falta de transferencias para el pago de salarios docentes.
A la espera de la publicación el Boletín Oficial, el organismo pudo acceder a una resolución de Capital Humano fechada este miércoles, que entiende que se completó «el proceso de revisión» y «observa en particular que la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo se encuentra en condiciones de continuar con su proceso de normalización para lo cual, en el marco de la Ley N°24.521, resulta necesario efectuar la designación de un nuevo funcionario».
En ese sentido, se designa como «rector organizador» a Eduardo Luis Maurizzio, quien fue docente de la institución en su etapa de Instituto Superior. A partir de esta medida, se apartaría a la actual rectora universitaria, la abogada y exinterventora de la AFI Cristina Caamaño.
A raíz del hecho, la institución emitió un duro comunicado: «Las Madres de Plaza de Mayo comunicamos que el gobierno fascista, negacionista, reivindicador de la dictadura genocida, dispuso la ilegal intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo«.
«Resistiremos esta acción fraudulenta e ilegítima junto a toda la comunidad de nuestra Universidad. El ejemplo de nuestros hijos nos guía. Su lucha nos llevó a crearla. La detendremos como a su ejemplo», finaliza el mensaje.
Rechazan la cautelar de la Universidad de Madres contra Capital Humano
El juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo federal rechazó la medida cautelar autosatisfactiva que había iniciado la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMa) contra el Ministerio de Capital Humano, en el que había solicitado que se ordene el cese automático de la retención de fondos y reclamaba más $556 millones.
El juez Pablo Cayssials consideró que la pretensión de la universidad debe desestimarse porque «no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones». También confirmó que del planteo efectuado no se verifica la verosimilitud en el derecho en forma patente y que no se vislumbra acabadamente la supuesta arbitrariedad que denuncia por parte de la Administración Pública.
Por último, señaló que «en este proceso se discute un reclamo patrimonial, que debe encauzarse por otra vía, porque no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable».
La postura del gobierno
Al poco tiempo de asumir, el gobierno de Javier Milei decidió en febrero pasado suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión anterior. Entre las afectadas estuvo la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la de Pilar, Río Tercero, en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.
«La gravedad institucional aportada por el Estado Nacional en retener los fondos legítimamente asignados es de un precedente histórico que no solo daña al sistema educativo, sino también a la vida democrática que merece nuestra Nación«, sostuvo en su momento la rectora de la UNMa, la ex fiscal y ex interventora de la AFI Cristina Caamaño.
El Estado Nacional cuestionó la legitimación de la rectora Caamaño, ya que la designación por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación, quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano.
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