Argentina comenzó a responder, en un tribunal de EE.UU., la demanda por la expropiación de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que fue interpuesta por los llamados ‘fondos buitre’, que reclaman unos 16.000 millones de dólares como indemnización.
El 3 de mayo de 2012, el Congreso argentino convirtió en ley el proyecto de nacionalización del 51 % de la empresa, un proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ese momento empezó un litigio con la multinacional Repsol, propietaria de la compañía desde su privatización, en 1999.
Tras la estatización, en 2015 los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park compraron a bajo costo, a un grupo de antiguos accionistas de la petrolera, el derecho a litigar contra Argentina e YPF, luego de que el Estado argentino le pagara a Repsol 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la «renacionalización» de la compañía de hidrocarburos y energías renovables».
Por ello, los ‘fondos buitre’, como se les conoce en Argentina, ahora reclaman que el Gobierno Argentino, tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no sólo por el 51% de la compañía, que fue lo que estatizó.
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